Enero a diciembre de 1826. Actividad de Manuel Altamirano como diputado del Primer Congreso Constitucional de México durante 1826.

Durante 1826, el médico Manuel Altamirano continuó su labor como diputado por Querétaro para el Primer Congreso Constitucional (1825-1826). Su participación legislativa fue documentada en los periódicos Águila Mexicana y El Sol (1825-1826).

Sesiones clave

• 3 de enero de 1826 (El Sol, 6 de enero de 1826): Manuel Altamirano prestó juramento, probablemente tras una ausencia o en cumplimiento del reglamento, junto con Camarillo y Dondé. Su presencia en esta sesión, que abordó temas como la regulación de ventas de fincas a extranjeros, la prohibición de reelecciones de legisladores, y el crédito público, indica su continuidad en el trabajo legislativo. Aunque no se registra una intervención directa, su participación en la aprobación de nombramientos para comisiones y la discusión de iniciativas refleja su compromiso con los procedimientos legislativos.

• 12 de enero de 1826 (El Sol, 16 de enero de 1826): Manuel Altamirano votó en contra de la proposición de Lombardo, suscrita por otros diputados, para suprimir la Secretaría de Justicia y Negocios Eclesiásticos, argumentando que sus funciones podían integrarse a la Secretaría de Relaciones. La proposición, defendida por Lombardo con base en la economía y precedentes de 1824, fue admitida a discusión por 30 votos contra 25, pero Altamirano, junto con diputados como Llave, Vega, Covarrubias, Peña, Espejo, Fernández, Robles, y Villegas, se opuso, probablemente por considerar esencial la secretaría para la administración de justicia y los asuntos eclesiásticos. El discurso de Villegas, en contra de la proposición, argumentó que la supresión era un error económico y político, ya que el ahorro sería mínimo (el sueldo del secretario era bajo) y privaría al gobierno de un ministro clave para la justicia y las relaciones con la Iglesia. Lombardo replicó que la proposición buscaba eficiencia, no personalismos, y que la Constitución permitía reorganizar las secretarías. La oposición de Altamirano sugiere una postura conservadora en este tema, valorando la estructura existente del gobierno federal y la necesidad de un ministerio dedicado a la justicia, coherente con su defensa de principios republicanos y legales en otros debates (por ejemplo, su discurso del 7 de septiembre de 1825 sobre libertad de imprenta).

• 18 de enero de 1826 (El Sol, 21 de enero de 1826): Manuel Altamirano intervino en un debate sobre una solicitud de Carlos María de Bustamante, quien reclamaba el pago de dietas adeudadas. Altamirano afirmó que Bustamante le había dicho que la deuda ya estaba satisfecha, lo que llevó a que la Cámara mandara devolver la solicitud. Esta intervención, aunque breve, destaca su atención a los detalles administrativos y su disposición a aclarar malentendidos, un rasgo coherente con su experiencia como taquígrafo, donde la precisión era esencial. La sesión también abordó temas como aranceles aduaneros, quejas contra el gobernador del Distrito Federal, y dictámenes de comisiones, en los que Altamirano participó como miembro activo de la Cámara. Su involucramiento en estas discusiones refuerza su rol como un legislador versátil, capaz de abordar cuestiones económicas, administrativas y judiciales.

• 28 de enero de 1826 (El Sol, 31 de enero de 1826): Manuel Altamirano presentó un voto particular sobre un dictamen de la comisión de industria, que proponía eximir de derechos por diez años al papel elaborado en la fábrica de San Ángel y declarar libre el comercio de trapo en estados, territorios y el Distrito Federal. Altamirano propuso eliminar la palabra "estados" de la primera proposición y redactar la segunda en el mismo sentido, probablemente para limitar el alcance de la exención y proteger intereses económicos locales o federales. No se detalla, su intervención. La sesión también aprobó el dictamen sobre la entrega de rentas del Distrito Federal a la federación a partir del 1 del mes siguiente a la publicación de la ley, con 31 votos a favor contra 11. Este debate, conectado con la sesión del 1 de diciembre, subraya su compromiso con la consolidación administrativa del Distrito Federal.

• 21 de febrero de 1826 (El Sol, 25 de febrero de 1826): Manuel Altamirano votó en contra de la aprobación del artículo 1 del dictamen sobre crédito público, que establecía que los créditos debían ser "legítima y legalmente comprobados". Este artículo, debatido intensamente, buscaba regular la validación de deudas contraídas por los gobiernos virreinales y patriotas. La postura de Altamirano, alineada con diputados como Paz, Reinoso, Cañedo, Franco, y Lombardo, refleja su preocupación por posibles fraudes o por la rigidez de las pruebas requeridas, especialmente para los créditos de los primeros patriotas, quienes operaban en condiciones extraordinarias sin documentación formal. El debate, liderado por González Angulo (a favor) y Franco, Lombardo, Reinoso, e Ibarra (en contra), giró en torno a la legitimidad de los créditos y la posibilidad de que la nación se gravara con deudas mal justificadas. Reinoso, en particular, argumentó que los medios comunes de derecho (escrituras, testigos) eran insuficientes para comprobar deudas patriotas, mientras que González Angulo defendió la necesidad de pruebas rigurosas para evitar fraudes. La votación final aprobó el artículo por 31 contra 13, con Altamirano en la minoría, lo que sugiere una postura cautelosa, posiblemente influida por su experiencia administrativa y su interés en proteger los recursos nacionales, coherente con su voto particular sobre la fábrica de San Ángel (28 de enero de 1826).

• 23 al 25 de febrero de 1826 (El Sol, 1 de marzo de 1826; El Sol, 2 de marzo de 1826;  El Sol, 3 de marzo de 1826): Manuel Altamirano no asistió a las sesiones del 23, 24 y 25 de febrero debido a «indisposición», junto con otros diputados como Lebrija, Monjardín, y Robles. No se explica a que se debía esa «indisposición», pero estas ausencias, registradas en El Sol, no impidieron su participación en sesiones posteriores. 

• 1 de marzo de 1826 (El Sol, 7 de marzo de 1826): Aunque no se menciona una intervención directa de Manuel Altamirano, su presencia en la sesión del 1 de marzo, tras superar su indisposición, se señala en las votaciones. La sesión incluyó la aprobación de nombramientos para comisiones (como la de instrucción pública, con Espejo y Lombardo) y proposiciones sobre la reducción de regimientos de caballería (Franco Coronel) y beneficios para patriotas (Cañedo). 

• 4 de marzo de 1826 (Águila Mexicana, 1 de abril de 1826 y Águila Mexicana, 2 de abril de 1826): Manuel Altamirano estuvo presente, ya que no se le menciona entre los ausentes. La sesión abordó temas como decretos de Chiapas sobre dietas y papel sellado, proposiciones de Covarrubias sobre créditos de emigrados, y una propuesta de Mora sobre la reorganización del estado mayor e ingenieros. Aunque no se registra una intervención directa, su participación en las votaciones y su interés en temas administrativos y científicos (como la propuesta de Mora, que incluía academias de geografía y astronomía) son coherentes con su formación botánica y su apoyo previo a iniciativas económicas y educativas.

• 6 de marzo de 1826 (El Sol, 13 de marzo de 1826; Águila Mexicana, 2 de abril de 1826): Manuel Altamirano votó a favor de que se procediera a votar el artículo 2 del dictamen sobre crédito público, que establecía que "los créditos contraídos por los gobiernos de los virreyes hasta 17 de septiembre de 1810 disfrutarán el rédito con que fueron pactados". Sin embargo, en la votación final, desaprobó el artículo, alineándose con diputados como Cañedo, Franco, Peña, y Covarrubias. Su cambio de postura sugiere una reflexión crítica sobre los términos del artículo, posiblemente por considerar que los réditos pactados podían ser onerosos para la nación o por dudas sobre la legitimidad de ciertas deudas virreinales. El debate, dividido en dos partes por la comisión, reflejó tensiones sobre cómo financiar las deudas históricas sin comprometer las finanzas federales. La aprobación ajustada (25 contra 24) indica la polarización en la Cámara, con Altamirano en una posición que priorizaba la prudencia fiscal, coherente con su oposición previa al artículo 1 (21 de febrero) y su voto particular sobre exenciones económicas (28 de enero).

• 19 de abril de 1826 (El Sol, 4 de mayo de 1826): Manuel Altamirano votó a favor de una adición al reglamento de la Suprema Corte de Justicia, presentada por Blanco, González Angulo, Heras, Lombardo, y Santa Cruz, que permitía a los procuradores actuales continuar en sus cargos hasta que fueran reemplazados gradualmente. Esta adición, aprobada por 32 contra 16, buscaba indemnizar a los procuradores del estado de México, cuyos cargos habían sido afectados por la transición al sistema federal. Altamirano, junto con Cañedo, Ortega, y Villegas, apoyó la medida, probablemente por considerar que respetaba los derechos adquiridos y minimizaba el costo de indemnización para la nación. El debate, con intervenciones de Blanco y Reinoso, giró en torno a la legitimidad de los contratos previos y la compatibilidad con el sistema judicial federal. Reinoso argumentó que los procuradores eran empleados del estado de México, no de la federación, y que indemnizarlos era responsabilidad estatal. La postura de Manuel Altamirano refleja su compromiso con la justicia y la estabilidad administrativa, alineado con su apoyo previo a la integración del tribunal de guerra y marina (16 de diciembre de 1825).

• 20 de abril de 1826 (El Sol, 6 de mayo de 1826): Manuel Altamirano, junto con los diputados Aznar, Ortega, y Dondé, presentó una adición al artículo sobre la extinción de títulos nobiliarios, proponiendo que el gobierno ordenara la destrucción de escudos de armas y otros símbolos coloniales en edificios, coches, y muebles de uso público. El dictamen de la comisión, sin embargo, concluyó que no había lugar para considerar esta adición (artículo 1), pero aprobó una versión propia (artículo 2) con un lenguaje similar, por 39 contra 1. Altamirano votó a favor de ambos artículos, mostrando su apoyo a la eliminación de vestigios coloniales como parte de la construcción de una identidad republicana. Esta iniciativa, aunque no prosperó en su forma original, refleja el interés de Altamirano en consolidar el simbolismo republicano, coherente con su defensa de principios liberales en debates como el de la libertad de imprenta (7 de septiembre de 1825). Su colaboración con Aznar, Ortega, y Dondé sugiere una red de aliados en la Cámara que compartían su visión.

• 21 de abril de 1826 (El Sol, 7 de mayo de 1826): Manuel Altamirano votó a favor de habilitar a la segunda y tercera salas de la Suprema Corte de Justicia para conocer en segunda y tercera instancia las causas criminales del Distrito Federal y territorios, mientras se elaboraban leyes de administración de justicia. Esta medida, aprobada por 29 contra 18, buscaba resolver la acumulación de casos penales, algunos con reos detenidos por meses. Altamirano, junto con Cañedo, Ortega, y Villegas, apoyó la propuesta, probablemente por su urgencia práctica y su alineación con su interés en fortalecer la justicia federal, como se vio en el dictamen sobre el tribunal de guerra y marina. El debate enfrentó argumentos constitucionales (los artículos 137 y 138 no atribuían estas facultades a la Corte) con la necesidad inmediata de justicia. La postura de Altamirano refleja su pragmatismo, priorizando soluciones prácticas sobre interpretaciones estrictas, coherente con su apoyo a medidas centralizadoras en el Distrito Federal (1 de diciembre de 1825, 28 de enero de 1826).

• 24 de abril de 1826 (El Sol, 10 de mayo de 1826): Manuel Altamirano participó en debates sobre la organización de tribunales de circuito, la circulación de la moneda y los auditores militares. Su voto a favor del párrafo 5 del artículo 1 sobre tribunales de circuito, que agrupaba Jalisco y Zacatecas (aprobado por unanimidad de 50 votos), refleja su apoyo a la estructuración del sistema judicial federal. También votó a favor del artículo sustitutivo sobre el 2% de impuesto a la circulación de la moneda (aprobado por 36 contra 13), mostrando su respaldo a medidas fiscales que ajustaban el reparto del contingente entre estados, coherente con su cautela en temas económicos vista en los debates sobre crédito público (21 de febrero y 6 de marzo). En el debate sobre auditores militares, Manuel Altamirano apoyó el artículo 1, que establecía a los jueces de distrito como asesores militares natos (aprobado por 36 contra 2), y la adición de Blanco, que permitía consultar al juez del distrito más cercano en ausencia de otro (aprobada por 37 contra 17). Estas posturas refuerzan su compromiso con una justicia eficiente y centralizada, alineado con su voto a favor de habilitar a la Suprema Corte para causas criminales (21 de abril) y su dictamen sobre el tribunal de guerra y marina (16 de diciembre de 1825). El discurso de Puente, que abogó por despachar asuntos urgentes como la regulación de censos, caminos y edificios nacionales, resuena con los intereses de Altamirano en la estabilidad económica y administrativa. Aunque no se registra una intervención directa, su presencia y votos indican su apoyo a estas prioridades, especialmente en el contexto de los caminos, que se conectan con debates posteriores (3 de mayo).

• 2 de mayo de 1826 (El Sol, 19 de mayo de 1826): Manuel Altamirano votó en contra de la aprobación del dictamen que mantenía las facultades extraordinarias del poder ejecutivo (aprobado por 42 contra 14). Su oposición, junto a diputados como Cañedo, Peña, Zurita y Escalante, refleja su defensa de la libertad individual y su rechazo a poderes excepcionales que pudieran socavar el sistema republicano. El debate, con intervenciones de Cañedo (a favor) y Valentín (en contra), abordó la necesidad de estas facultades frente a amenazas externas (invasión española) e internas (centralismo, conspiraciones). Valentín argumentó que las facultades comprimían la opinión pública y la libertad de imprenta, mientras Cañedo defendió su utilidad para enfrentar enemigos de la independencia. La postura de Altamirano, alineada con Valentín, es coherente con su apoyo previo a la libertad de imprenta (7 de septiembre de 1825) y su propuesta para eliminar símbolos coloniales (20 de abril), que buscaban consolidar una identidad republicana libre de autoritarismo. Su voto en contra también sugiere una preocupación por los riesgos de abuso de poder, especialmente tras su experiencia en debates sobre justicia y crédito público, donde priorizó la transparencia y la equidad.

• 3 de mayo de 1826 (El Sol, 21 de mayo de 1826): Manuel Altamirano votó a favor de la adición de Covarrubias al acuerdo sobre la cesación de facultades extraordinarias, que exceptuaba a quienes atacaran la independencia (rechazada por 35 contra 15). Su apoyo, junto a Cañedo, Peña, Zurita y Escalante, indica una postura matizada: aunque se oponía a las facultades extraordinarias en general (2 de mayo), estaba dispuesto a respaldar medidas puntuales contra amenazas claras a la independencia, mostrando un equilibrio entre liberalismo y pragmatismo. El debate sobre caminos, impulsado por Puente, Gómez Anaya y Paz, abordó la reparación de caminos como el de Toluca, gravados con peajes. Puente defendió usar los peajes para reparaciones, argumentando que protegía tanto el interés público como el de los censualistas. Gómez Anaya propuso que los propios censualistas asumieran la reparación, mientras Paz sugirió que los estados que ya invertían peajes en caminos (como México) continuaran haciéndolo, con subastas públicas para optimizar recursos. Altamirano, aunque no intervino directamente, probablemente apoyó la aprobación del dictamen (24 contra 14), dado su interés en la estabilidad económica y administrativa, evidente en sus votos sobre crédito público y justicia.

• 9 de mayo de 1826 (El Sol, 27 de mayo de 1826): Manuel Altamirano participó en la aprobación de la adición del Senado al acuerdo que facultaba a la segunda y tercera sala de la Suprema Corte de Justicia para conocer en segundas y terceras instancias de causas criminales del distrito y territorios federales (aprobado por 40 contra 4). Su voto, alineado con la mayoría, refuerza su compromiso con un sistema judicial eficiente, coherente con su respaldo previo a los tribunales de circuito (24 de abril) y a la Suprema Corte (19 y 21 de abril). Esta postura refleja su interés en fortalecer las instituciones republicanas, un tema recurrente en su labor legislativa. Además, Manuel Altamirano, junto con Manuel González, presentó una solicitud para ser colocado en la contaduría mayor de hacienda, la cual fue remitida al contador respectivo, según dictamen de la comisión de peticiones. Esta solicitud sugiere que Altamirano buscaba estabilidad económica o un rol administrativo adicional, posiblemente debido a las dificultades financieras enfrentadas tras la pérdida de su esposa en 1825. Aunque no se detalla el resultado, este hecho humaniza su figura, mostrando sus esfuerzos por equilibrar su servicio público con necesidades personales. La sesión también abordó la cesación de las facultades extraordinarias del gobierno (decreto del 23 de diciembre de 1824), aprobada por el Senado y remitida al gobierno. Aunque Altamirano no intervino directamente, su oposición previa a estas facultades (2 de mayo) y su apoyo a la adición de Covarrubias (3 de mayo) sugieren que respaldó esta decisión, alineada con su defensa de la libertad republicana.

• 13, 22 y 23 de mayo de 1826 (El Sol, 5 de junio de 1826; El Sol, 9 de junio de 1826; El Sol, 10 de junio de 1826): Manuel Altamirano no asistió a la sesión del 13 de mayo, sin que se especificara una razón (junto a Zavala, Gómez Anaya, Mimiaga, Lombardo, González y Velez). En las sesiones del 22 y 23 de mayo, se registra su ausencia con licencia, junto a Bravo, Martínez de los Ríos y Robles. Estas ausencias, especialmente la licencia en las fechas finales del periodo ordinario (cerrado el 23 de mayo), al parecer se relacionaron con el viaje que Altamirano realizó a San Luis Potosí para su matrimonio con María Altagracia Noriega, que ocurrió allí el 3 de junio de ese año, y que sería el segundo matrimonio de Altamirano, luego de enviudar en octubre de 1825. Su licencia formal indica una ausencia justificada, manteniendo su compromiso con el Congreso.

• 6 de noviembre de 1826 (El Sol, 10 de noviembre de 1826): En esta sesión del periodo extraordinario, Manuel Altamirano participó en debates sobre dietas y viáticos de los diputados. Votó a favor del artículo 3, que establecía que los diputados residentes en el lugar de sesiones, los que obtuvieran empleos del gobierno o no necesitaran regresar a sus estados no percibirían viáticos (aprobado por unanimidad de 43 votos). También apoyó los artículos 4 y 5, que regulaban la pérdida de dietas por ausencias injustificadas y la necesidad de permiso para adelantos de viáticos, respectivamente. Su voto refleja su interés en la transparencia y la disciplina fiscal, coherente con su cautela en debates sobre crédito público (21 de febrero, 6 de marzo) y caminos (3 de mayo). El debate sobre el fallecimiento del canónigo Cortina, iniciado por Cañedo, abordó la desafección de Cortina a la independencia y la falta de cumplimiento de la ley de 19 de julio de 1823 por el cabildo eclesiástico. 

• 14 y 15 de diciembre de 1826 (El Sol, 19 de diciembre de 1826): En la sesión del 14 de diciembre, Manuel Altamirano propuso que la Cámara cerrara sus sesiones extraordinarias el 23 de diciembre, una moción presentada como de primera lectura y remitida a la comisión de puntos constitucionales. Esta iniciativa, reiterada el 18 de diciembre, indica su interés en concluir el periodo legislativo de manera ordenada, posiblemente para permitir a los diputados atender asuntos personales o estatales antes del nuevo año. Aunque no se detalla su aprobación, la propuesta refleja su sentido práctico y su experiencia como taquígrafo, acostumbrado a organizar y sistematizar procesos. En el debate sobre el presupuesto de hacienda, Altamirano participó en la discusión de partidas como “gastos generales y comunes” (aprobada por 36 contra 11) y “pensiones sobre juros” (reprobada por falta de decreto). Su probable voto a favor de la primera y en contra de la segunda, siguiendo la postura de Paz, Lombardo y Valentín, refuerza su compromiso con la legalidad fiscal, alineado con su oposición previa a gastos no autorizados (21 de febrero, 6 de marzo). La discusión sobre el tribunal supremo de guerra y marina, donde se aprobó el artículo 7 (sobre sumarios) y el artículo 8 (sobre composición del tribunal), conecta con su dictamen previo sobre este tribunal (16 de diciembre de 1825) y su apoyo a reformas judiciales (24 de abril, 9 de mayo).

• 18 de diciembre de 1826 (El Sol, 21 de diciembre de 1826): La proposición de Altamirano para cerrar las sesiones el 23 de diciembre recibió una segunda lectura y fue remitida nuevamente a la comisión de puntos constitucionales. La moción de Zurita, que propuso transferir la propuesta a otra comisión debido a desacuerdos en la de puntos constitucionales, fue rechazada, sugiriendo que la iniciativa de Altamirano generó debate pero no consenso inmediato. Este esfuerzo subraya su rol activo en la gestión legislativa, incluso en un periodo extraordinario marcado por tensiones administrativas. La denuncia de Osores sobre manuscritos históricos en el archivo, incluyendo obras de Diego Panes, Mariano Veitia y Fernando de Alva Ixtlilxochitl, resuena con el interés de Altamirano en la preservación del conocimiento, evidente en su labor botánica.

• 20 de diciembre de 1826 (El Sol, 26 de diciembre de 1826): Manuel Altamirano participó en la aprobación de partidas del presupuesto de hacienda, incluyendo la planta de la secretaría de hacienda, comisarias generales, gastos en Californias, y compra de tabacos, entre otros (aprobado por 39 contra 2). Su voto a favor refleja su apoyo a un presupuesto equilibrado, coherente con su cautela fiscal previa. La discusión sobre letras no admitidas en Londres, donde el ministro de hacienda explicó los protestos por no aceptación o no pago, conecta con debates anteriores sobre crédito público (21 de febrero, 6 de marzo), en los que Altamirano mostró preocupación por la estabilidad financiera nacional. La aprobación de los presupuestos de guerra y marina, llevada al Senado por una comisión (Paz, Febles, Osores), y el debate sobre el tribunal supremo de guerra y marina, donde Lombardo y Blanco discutieron recursos de nulidad, refuerzan la relevancia de Altamirano en temas judiciales y fiscales. 

Nota: Resumen generado por I. A. Grok a partir de las actas publicadas.